Los procesos concursales frente a la pandemia

Compartimos el articulo del Dr. Miani, abogado del estudio, publicado en el portal de actualidad ABOGADOS.com.ar
Dr. Santiago Miani

sm@lorentelopez.com

La pandemia del COVID-19 ha ocasionado que el Poder Ejecutivo adopte múltiples medidas sanitarias para su contención, lo cual produjo un golpe letal para gran parte de los pequeños comerciantes y de las empresas de todos los tamaños (a los cuales me referiré en forma indistinta como empresarios) que se encuentran diseminadas por todo nuestro país. Pues el pequeño comerciante y las empresas se encuentran con facturación escasa o nula, escaso financiamiento y serias dificultades para poder hacerle frente al pago de salarios y servicios, lo cual ha obligado a las mismas a aferrarse a las medidas adoptadas por el gobierno nacional y por las provincias, como ser la postergación en el pago de impuestos, cargas sociales y servicios públicos, pago de una parte del sueldo de los empleados, suspensión de la aplicación de multas y el cierre e inhabilitación de cuentas bancarias con motivo del rechazo de cheques por falta de fondos, entre otras medidas.

Lamentablemente las medidas de contención adoptadas en beneficio de los empresarios no evitará que los mismos en el corto o mediante plazo se encuentren en estado de cesación de pagos o dificultades económicas y financieras de carácter general, por lo que el empresario deberá tomar una pronta y oportuna decisión sobre algún mecanismo de reestructuración de deuda que le permita atravesar la presente crisis y de tal forma conservar su empresa, evitando de tal forma un final no deseado (su quiebra).

La Ley de Concursos y Quiebras (en adelante LCQ) contiene diversos procesos de restructuración de deuda, que precisamente tienen como horizonte la conservación de la empresa como fuente de trabajo y motor indispensable de la economía. Dichos procesos son el concurso preventivo y al acuerdo preventivo extrajudicial (en adelante APE).

En el presente aporte se abordarán nociones generales de ambos procesos, sus efectos y aquello que se podrá alcanzar en caso de concluirse exitosamente los mismos.

Procesos de reestructuración

Ambos procesos poseen el común denominador de que por medio de ellos el deudor podrá lograr un acuerdo con sus acreedores que le permitirá una razonable reestructuración de sus deudas para poder continuar con la explotación de su empresa. No obstante, entre ambos procesos existen importantes diferencias.

El concurso preventivo es un proceso judicial que requiere el cumplimiento de ciertos requisitos formales para su apertura y en un momento determinado (conf. arts.5 a 12 LCQ y 289 LCQ). El presente proceso judicial implica la suspensión temporal de las acciones en contra del concursado y de aquellas deudas acumuladas por el mismo al momento de su presentación, de modo de darle un tiempo y la posibilidad al deudor de negociar un acuerdo con la doble mayoría prevista por la ley concursal (2/3 partes del total del pasivo y el 51% de acreedores).

Los efectos de la presentación en concurso preventivo, entre otros, pueden sintetizarse de la siguiente manera: a) la prohibición de realizar pagos de las obligaciones anteriores a la fecha de presentación en concurso preventivo (art. 16 LCQ); b) la suspensión del curso de los intereses de las deudas, debiendo ser calculadas a la fecha de presentación en concurso preventivo (art. 19 LCQ), c) el deudor podrá decidir o discontinuar la continuación de contratos con prestaciones recíprocas pendientes (art. 20 LCQ); d) la suspensión todas las medidas cautelares y ejecuciones en su contra (art. 21 LCQ); e) a partir de la publicación de edictos se produce la suspensión de los juicios en contra del deudor con contenido patrimonial y que se refieran a una causa o título anterior a la fecha de presentación en concurso, existiendo determinadas excepciones (art. 21 LCQ) y f) el deudor o en su caso los administradores y los socios con responsabilidad ilimitada de la sociedad concursada en caso de ausentarse del país por un lapso menor a 40 días deberán comunicar la salida del país al Tribunal y en caso de que se excede dicho plazo deberán solicitar autorización para su salida (art. 25 LCQ)

El concurso preventivo, como instrumento de reestructuración de deuda, permitirá al concursado: a) reducir el pasivo (mediante quieta, espera o ambas, entrega de bienes a los acreedores, constitución de sociedad con los acreedores quirografarios, reorganización de la sociedad deudora o cualquier otro acuerdo mediante el cual el concursado obtenga las respectivas mayorías exigidas por la ley) como consecuencia del acuerdo que el concursado negocie con los acreedores que representen un porcentaje del total del pasivo (2/3 partes del total del pasivo y el 51% de acreedores); b) reducir el pasivo como consecuencia de no haber sido admitido diversos créditos en el proceso de verificación, la reducción de intereses abusivos y la extinción de la acción de los créditos que durante el lapso de dos años no se hayan presentado a verificar; c) la homologación judicial del acuerdo produce que el mismo se aplique a todos los acreedores quirografarios, aunque los mismos no hayan aceptado la propuesta y d) un plan de refinanciación de deudas fiscales mediante planes de facilidades de pagos e intereses inferiores a los usuales.

Por otro lado, mediante el APE el deudor, tal como se adelantó anteriormente, buscará lograr un acuerdo con sus acreedores que le permita una razonable reestructuración del pasivo para poder continuar con la explotación de su empresa, debiendo cumplir a tal fin ciertos requisitos formales (art. 72 LCQ), diferenciándose que aquí la negociación es extrajudicial y una vez obtenida las mayorías previstas por la ley (al igual que en el concurso preventivo 2/3 partes del total del pasivo y el 51% de acreedores), se deberá hacer la presentación judicial y solicitar su homologación. Por la cual, aquí la primera diferencia con el concurso preventivo radica que en el APE, como primera medida, el deudor realiza un acuerdo extrajudicial de pago a sus acreedores, debiendo conseguir las mayorías anteriormente referidas. Una vez obtenidas las mismas el deudor deberá hacer la respectiva presentación judicial a los efectos de solicitar la homologación del acuerdo.

El único efecto de la presentación judicial del APE es que una vez ordenada la publicación de edictos se produce la suspensión de los juicios con contenido patrimonial en contra del deudor y que se refieran a una causa o título anterior a la fecha de presentación en concurso, existiendo determinadas excepciones previstas en art. 21 LCQ (art. 72 LCQ).

En este caso el APE, como instrumento de reestructuración de deuda, permitirá al deudor: a) la reducción del pasivo (mediante quietas, esperas, etc.) como consecuencia del acuerdo que el deudor negocie con los acreedores que representen un porcentaje del total del pasivo (2/3 partes del total del pasivo y el 51% de acreedores); b) la homologación judicial del acuerdo produce que el mismo se aplique a todos los acreedores quirografarios, aunque los mismos no hayan aceptado la propuesta; c) posee un tiempo de trámite judicial breve y con un bajo costo, debiéndose destacar que no posee un proceso de verificación de créditos, ni tampoco se designa un Sindico y d) en caso de frustración no hay cramdown, ni tampoco quiebra.

Tanto la presentación en concurso preventivo como el APE exigirá al deudor el cumplimiento de ciertos requisitos legales previstos por la ley concursal – para el caso de concurso preventivo tales requisitos se encuentran en los arts. 6 a12 y 289 LCQ y en el APE art. 72 LCQ–para lo cual se requerirá que posea actualizada la registración y exposición de la información contable y societaria.

Conclusión

Conforme lo hasta aquí expuesto, frente a la crisis que los empresarios se encuentran atravesando – y la sociedad en general -actualmente nuestra legislación concursal prevé diferentes procesos que permitirán reestructurar sus deudas y poder continuar con la explotación de su empresa.

Para el éxito en tales procesos de reestructuración resultará de vital importancia el rol que cumplamos los asesores de empresas, a los efectos de ayudar a quienes toman decisiones en las mismas de explicar con detalle los diferentes procesos de reestructuración de deuda previstos por nuestra legislación concursal, sus efectos y consecuencias, debiéndose destacar que la quiebra de la empresa, fin temido por todos los empresarios, acarrea consecuencias gravosas para los mismas, incluso para las personas que toman decisiones, lo cual podrá ser evitado si es atendido en tiempo oportuno, mediante la elección del proceso de reestructuración de deuda que mejor se adapte a la situación económica-financiera de la empresa y su pasivo y la respectiva preparación para afrontar el proceso elegido.

Comentario aparte – y merecedor de otro artículo – será analizar las reformas temporarias o permanentes que merezca la LCQ ante la particular crisis en curso, ello a los efectos de que dicha ley realmente pueda cumplir su objetivo primordial (la conservación de la empresa como fuente de trabajo) ante los nuevos procesos que se inicien o bien para aquellos que se encuentran en trámite.

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LEY DE BASES. REFORMAS LABORALES.

Dr. Diego Oliveira Dr. Fernando Barbieri LEY DE BASES. REFORMAS LABORALES. El jueves 28 de junio, la Cámara de Diputados terminó de aprobar la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, convalidando el texto que tenía media sanción de la Cámara de Senadores. En materia laboral las modificaciones dispuestas por la ley son las siguientes: Promoción del empleo registrado.- Los empleadores del sector privado podrán regularizar las relaciones laborales total o parcialmente sin registrar, vigentes e iniciadas con anterioridad a la fecha de promulgación de la ley. El Poder Ejecutivo Nacional deberá reglamentar los efectos que producirá la regularización de las relaciones laborales indicadas, sin perjuicio de ello dichos efectos podrán ser los siguientes: a) La extinción de la acción penal y condonación de las infracciones, multas y sanciones; b) Baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales;  c) Condonación no inferior al setenta por ciento (70%) de deudas por falta de pago de aportes y contribuciones. Los trabajadores incluidos en la regularización prevista tendrán derecho a computar hasta sesenta (60) meses de servicios con aportes, calculados sobre un monto mensual equivalente al salario mínimo vital y móvil únicamente a fin de cumplir con los años de servicios requeridos para la obtención de la prestación básica universal y para el beneficio de prestación por desempleo. Podrán incluirse en el presente régimen las deudas que se encuentren controvertidas en sede administrativa, contencioso administrativa o judicial, en tanto el empleador se allane incondicionalmente y, en su caso, desista y renuncie a toda acción y derecho, incluso al de repetición, asumiendo el pago de las costas y gastos causídicos. La ley determina que la regularización de las relaciones laborales deberá efectivizarse dentro de los noventa (90) días corridos, contados desde la fecha de entrada en vigencia de su reglamentación. Modernización laboral.- Relaciones laborales no registradas. Se derogan las multas de las leyes 24.013 y 25.323 por falta de registración o registración deficiente del vínculo. En el supuesto de sentencia judicial firme que determine la existencia de una relación de empleo no registrada, será el ente recaudador el encargado de reclamar la deuda de aportes y contribuciones existente, y efectuar el reconocimiento de los años de servicio trabajado. Si conforme sentencia judicial firme, la relación laboral se encontrara enmarcada erróneamente como contrato de obra o servicios, de la deuda que determine el organismo recaudador, se deducirán los componentes ya ingresados conforme al régimen del cual se trate. Eliminación de multas por falta de entrega de certificados de trabajo y de ingreso de aportes. A través de la derogación de los artículos 43 a 48 de la Ley 25.345, desaparecen las multas relativas a la falta de entrega de los certificados de servicios y remuneraciones (artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (“LCT”) y la omisión del ingreso de los aportes retenidos al trabajador (artículo 132 bis de la LCT). Presunción de la existencia del contrato de trabajo. Cuando la relación se trate de contrataciones de obras o de locaciones de servicios profesionales u oficios y se emitan los recibos o facturas correspondientes a dichas formas de contratación, no se presumirá que tal relación sea de carácter laboral. Mediación e Intermediación. Solidaridad. Será plenamente válida la contratación de trabajadores por un contratista, sin perjuicio de que sean proporcionados a terceras empresas o que éstas utilicen su prestación. La empresa usuaria será responsable solidaria por las obligaciones laborales y de la seguridad social respecto de los trabajadores proporcionados, exclusivamente respecto de aquellas devengadas durante el tiempo de efectiva prestación para esta última. Por lo tanto la registración del vínculo laboral se considerará plenamente eficaz cuando hubiera sido realizada por cualquiera de las personas, humanas o jurídicas, intervinientes en el vínculo. Período de prueba. El período de prueba se extiende a un mínimo de seis (6) meses de vigencia. Las convenciones colectivas de trabajo podrán ampliar dicho período de prueba: a) hasta ocho (8) meses, en las empresas de seis (6) y hasta cien (100) trabajadores; y b) hasta un (1) año en las empresas de hasta cinco (5) trabajadores. Cualquiera de las partes podrá extinguir la relación durante ese lapso sin expresión de causa, sin derecho a indemnización con motivo de la extinción. Accidentes o Enfermedades inculpables: En caso de accidente o enfermedad inculpable, el trabajador tendrá derecho a las prestaciones correspondientes exclusivamente hasta la finalización del período de prueba si el empleador rescindiera el contrato de trabajo durante ese lapso. Licencia por embarazo: Se mantiene la prohibición para la mujer embarazada, de trabajar durante los cuarenta y cinco (45) días anteriores y posteriores al parto, aunque a mérito de la reforma se concede a aquélla la opción de reducir a diez (10) días la licencia preparto, acumulando el lapso remanente al período posparto. En caso de nacimiento pretérmino se acumulará al descanso posterior todo el lapso de licencia que no se hubiere gozado antes del parto, de modo de completar los noventa (90) días. Participación activa en bloqueos o tomas de establecimiento. Justa causa. Podrá configurar grave injuria laboral que justifique el despido con causa la participación activa en bloqueos o tomas de establecimiento. Se presume que existe injuria grave cuando, durante una medida de acción directa: a) se afecte la libertad de trabajo de quienes no adhieran a la medida de fuerza, mediante actos, hechos, intimidaciones o amenazas; b) se impida u obstruya total o parcialmente el ingreso o egreso de personas y/o cosas al establecimiento; c) se ocasionen daños en personas o en cosas de propiedad de la empresa o de terceros situadas en el establecimiento (instalaciones, mercaderías, insumos y materias primas, herramientas, etc.) o se las retenga indebidamente. Solamente en este caso se exceptúa al empleador de la obligación de intimar previamente al trabajador al cese de la conducta. Agravamiento indemnizatorio por despido discriminatorio. En casos de que el despido dispuesto por el empleador tenga motivos discriminatorios corresponderá el pago de una indemnización agravada especial que ascenderá a un monto equivalente al cincuenta

Queremos compartir con ustedes este reconocimiento de Leaders League

Agradecemos a Leaders League por haber reconocido a Lorente & Lopez Abogados como unos de los mejores estudios de Argentina en Bankruptcy litigation en su edición 2024. También felicitamos a nuestros socios Mariana Russo Javier Lorente y Ariel Alejandro Di Bártolo por haber sido destacados y reconocidos entre los mejores de Argentina en esa especialidad. Como siempre decimos, estos reconocimientos son compartidos con nuestros clientes y equipo que apoyan y colaboran para que podamos destacarnos en nuestro asesoramiento.

ACTA 2784 CNAT ACLARA SOBRE FÓRMULA DE CÁLCULO DE CRÉDITOS LABORALES.

Dr. Fernando Barbieri En fecha 20/03/2024 la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, dictó el Acta 2784 mediante la cual instruye a la Oficina de Informática del Fuero que efectúe el aplicativo correspondiente a los efectos de realizar el cálculo de intereses de los créditos laborales tomando los parámetros establecidos en el acta 2783 del 13/3/2024 por la que se efectuó una recomendación a los Juzgados y Tribunales laborales del Fuero Nacional para que se aplique el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), más una tasa pura del 6 por ciento anual, con una única capitalización desde la fecha de notificación de la demanda. En este sentido, la Cámara viene a aclarar el modo en que se debería realizar el cálculo sugerido, siendo el siguiente: 1) Se adecuarán los créditos desde que cada suma es debida y hasta la fecha de la liquidación mediante el CER. 2) A este monto, se le adiciona una tasa anual del 6% desde la fecha del crédito y hasta la fecha de la notificación de la demanda, cuyo resultado se capitaliza. 3) Al monto resultante se le aplica una tasa del 6% anual desde la fecha de la notificación de la demanda hasta la de la liquidación, para así obtener el resultado final. A modo de ejemplo realizamos el cálculo, tomando en consideración el caso “Oliva” sobre el cual se expidió la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el cual se condenó al pago de la suma de $2.107.531,75.- debidos desde el 25/2/2015, con fecha de notificación de demanda el 15/6/2016: Capital + Intereses anterior Acta 2764 al día de la fecha: $233.760.897,40.- Capital + Intereses nueva Acta 2784 al día de la fecha: $218.729.164,58.- Mientras que en un caso en que se condena por un capital de $100.210,79.- al 12/12/2017 con fecha de notificación de demanda el 22/4/2019 los resultados son los siguientes: Capital + Intereses anterior Acta 2764 al día de la fecha: $4.328.922,11.- Capital + Intereses nueva Acta 2784 al día de la fecha: $5.116.500,10.- En consecuencia, se advierte que dependiendo de los años transcurridos desde la fecha de exigibilidad y de notificación de demanda, los resultados pueden ser diversos entre una y acta, ya que recordemos, el anterior acta contemplaba la capitalización periódica en forma anual de los intereses desde la fecha de la notificación de la demanda. Asimismo el Acta 2784 indica que la recomendación de lo resuelto por Acta 2783 es aplicable a las causas sin sentencia firme en materia de intereses. Como siempre quedamos a disposición de nuestros colegas y clientes para profundizar en las dudas e inquietudes que se les puedan presentar.

NUEVO CRITERIO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE CRÉDITOS LABORALES -ACTA 2783-

Dr. Diego Oliveira dmo@lorentelopez.com En fecha 14/03/2024 la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, dictó el Acta 2783 que dejó sin efecto el Acta 2764/2022 y efectúa una recomendación respecto al cálculo de los créditos laborales para que se aplique el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), más una tasa pura del 6 por ciento anual, con una única capitalización desde la fecha de notificación de la demanda. La redacción del acta 2783 tiene como antecedente el reciente fallo de la CSJN “OLIVA” -ver anterior boletín enviado- donde el máximo tribunal federal dejó sin efecto la sentencia de la Sala IX que ordenaba la aplicación del Acta 2764, la cual establece para procesos en materia laboral el pago de intereses calculados según tasas activas y a su vez que dichos intereses se capitalicen a partir del momento de la notificación de la demanda y sucesivamente en forma anual hasta la fecha de la liquidación de la condena. En este sentido, el cálculo que se deberá aplicar en la mayoría de los casos -recuerdo que el acta es una sugerencia y no una imposición, pero seguramente sea el criterio rector de las salas- es el siguiente y se compone de tres pasos: 1) Al capital histórico de demanda se le aplicará el CER desde que el crédito es exigible (generalmente, el despido) hasta el momento del pago. 2) Asimismo, al capital histórico de demanda se le aplicará el 6% -puro- anual hasta el momento del pago; con una única capitalización anual sobre dicha tasa y desde la notificación de la demanda. 3) El monto final resultará de sumar 1) y 2). Como siempre quedamos a disposición de nuestros colegas y clientes para profundizar en las dudas e inquietudes que se les puedan presentar.

La Corte Suprema limita los intereses laborales

Dr. Diego Oliveira dmo@lorentelopez.com En fecha 1/3/2024 la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró por unanimidad que el Acta 2764/2022 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo -que capitaliza intereses desde la notificación de la demanda- carece de sustento legal ni normativo. En el marco de un Recurso Extraordinario Federal interpuesto en la causa “Oliva”, el máximo tribunal federal dejó sin efecto la sentencia de la Sala IX que ordenaba la aplicación del Acta 2764, la cual establece para procesos en materia laboral el pago de intereses calculados según tasas activas y a su vez que dichos intereses se capitalicen a partir del momento de la notificación de la demanda y sucesivamente en forma anual hasta la fecha de la liquidación de la condena. El fallo de la Corte declara admisible el recurso en base a la doctrina de la arbitrariedad, explicando que la sentencia recurrida consagra una solución palmariamente irrazonable con un serio menoscabo de los derechos constitucionales de propiedad y de la defensa en juicio, arribando por ello a un resultado manifiestamente desproporcionado (en ese caso, más del 7000% de actualización) Los magistrados explican también que el Acta 2764 no encuentra sustento en las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación, que la Sala IX dijo aplicar, ya que “no se deben intereses de los intereses” y que la excepción contemplada en el art. 770 inc. B alude a una única capitalización para el supuesto de que una obligación de dar dinero se demande judicialmente, aclarando que en este caso la acumulación opera desde la fecha de la notificación de la demanda. En virtud de los argumentos expuestos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó dejar sin efecto la sentencia apelada en materia de intereses y dispuso que el expediente vuelva a la Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones para dictar un nuevo pronunciamiento teniendo en cuenta sus directrices. Es dable destacar que, con el presente fallo, el máximo tribunal ha dejado asentado un precedente de suma relevancia en materia de capitalización de intereses que modificará de ahora en adelante los criterios de las Salas de la Cámara Nacional de Apelaciones en el Trabajo; incluso la propia Sala IX con posterioridad al dictado de su sentencia en el caso “Oliva”, se ha apartado de la aplicación del Acta 2764, por la implementación de lo que consideraría un criterio objetivo que consiste en actualizar el valor histórico del capital de la condena mediante el índice RIPTE más una tasa de interés anual del 7%. Por su parte, recientemente la Sala VIII de la CNAT, también ha sentado precedente basándose para ello en los criterios expuestos en el DNU 70/2023 “BASES PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA ECONOMÍA ARGENTINA”, en un fallo en el que si bien consideró pertinente seguir aplicando el Acta 2764, estableció un “criterio de morigeración” por el cual al total de condena con los intereses arrojados conforme a la mencionada Acta, se deberá reducir el monto total un 30%. En atención a la relevancia que el fallo tiene para casos en trámite, los invitamos a comunicarse con nuestros abogados para brindarles más información al respecto. Ver Fallo aquí.

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